1.   Vigilar la gestión de los prestadores de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento, a fin de lograr la integración de responsabilidades de la gestión ambiental y de operación de la infraestructura de estos servicios para contribuir a la preservación del recurso hídrico, la sostenibilidad y la valoración real del servicio.

2.   Establecer las condiciones de regulación y control técnico de la actividad de quienes construyen u operan sistemas de agua potable y saneamiento.

3.   Establecer la normativa para las tarifas aplicables a los servicios de agua potable y saneamiento, así como los criterios de gradualidad para la racionalización del sistema tarifario.

4.   Establecer normas, criterios de eficiencia, indicadores y modelos representativos para evaluar la gestión técnica, ambiental, financiera y administrativa de los prestadores teniendo en cuenta las diversidades regionales, las características de cada sistema y los aspectos ambientales.

5.   Mantener un registro público de la información presentada por los prestadores y de la que se genere sobre los aspectos técnicos, económicos y operativos de la prestación de los servicios.

6.   Velar por los derechos de los usuarios en lo relativo a prestación y cobro de servicios cuando no hayan sido resueltos por las instancias respectivas.

7.   Aplicar sanciones e intervenciones por incumplimientos o violaciones a las normas de la presente Ley y de sus disposiciones reglamentarias, bajo los procedimientos legales establecidos.